Loreto Mármol 23/01/2009 - Diario Medico.com.
La comisión de estudio y evaluación de la Ley de Dependencia designada por el Congreso de los Diputados hace dos meses y medio aún no había celebrado su primera reunión hasta ahora, pese a que debe presentar un informe antes de junio. Según han comentado a DM tres de sus cinco integrantes, la Secretaría de Estado de Política Social y Atención a la Dependencia les acaba de convocar para el próximo martes. "Será una toma de contacto para determinar el guión, organizar el trabajo, establecer la periodicidad de las reuniones y buscar un enfoque", destaca Monstserrat Cervera, directora del Área Social y Sociosanitaria de Antares Consulting.
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Como ex directora de servicios sociales de Catalunya (durante cuatro años), conoce bien la situación de las comunidades autónomas desde la gestión del día a día, por lo que, según ella, aportará una visión práctica. A falta de que el grupo de trabajo identifique los bloques, en su opinión, un análisis global de la ley implicaría la definición del modelo: "Se ha optado por un sistema estrictamente social, cuando debería haber sido sociosanitario porque en la atención a los dependientes la salud ocupa una parte muy importante". A su juicio, se debe apostar por una atención integral en la que confluyan ambos aspectos: "La coordinación entre el sistema sanitario y social debe ser muy fluida, hasta el punto de que si los mecanismos no funcionaran bien, haría falta cambiar el modelo". Ahora bien, duda sobre la idoneidad de abrir el debate en este momento, porque tan sólo han pasado dos años desde su aprobación.
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Otro de los ejes sería el sistema operativo para la gestión de la demanda. Uno de los problemas es la propia puerta de entrada: "No se sabe si las regiones aplican un mismo rasero para hacer las valoraciones". Por último, concluye: "Nuestro trabajo consistirá en plantear interrogantes, detectar el foco de los problemas y poner solución".
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La misión de Guillermo López Casanovas, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Pompeu Fabra, consistirá en comparar el sistema español con las políticas que se están emprendiendo en Japón, Holanda, Austria, Alemania y Estados Unidos.
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Alinear incentivos
Su principal tesis se basa en que quien barema, es decir, quien decide el grado de dependencia debe ser responsable de las consecuencias que tendrán sus decisiones en la financiación. Para ello, hay que "alinear los incentivos entre financiadores y proveedores".
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Convencido desde el inicio de que con este sistema "saldrían dependientes por un tubo", apunta que uno de los objetivos que tendrá que lograr la comisión será "acompasar la implementación para que la financiación pública sea sostenible".
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Teniendo en cuenta que aún no le han establecido las bases, Simón Sosvilla, profesor de Fundamentos del Análisis Económico de la Complutense, cree que "el plazo para emitir un informe es muy justo". Al pasar de la teoría a la realidad "nos hemos dado cuenta de que los costes están infravalorados, puesto que no es lo mismo si hablamos de una población dispersa, insular o una zona muy poblada: todo ello ha hecho que la ley se haya quedado obsoleta enseguida".
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Entre las medidas que propondría, destacará la subida de impuestos y establecer una contribución específica para la Dependencia, como crear una cotización social o destinar una parte específica del IVA. No obstante, entiende que son medidas políticamente incorrectas y difíciles de tomar en un contexto de crisis como el actual, por lo que habrá que buscar medidas que satisfagan a todos, y "ése es nuestro trabajo".
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También aportará el punto de vista del usuario. En este sentido, manifiesta que no es tanto un problema de calidad y de cantidad como de calidez. "No debemos cambiar completamente el modo de atención, sino hallar un punto intermedio entre el sistema antiguo y el moderno, demasiado institucionalizado". Según él, "se está empezando la casa por el tejado".
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