La ponencia encargada de informar el Proyecto de Ley de adaptación normativa a la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, en el marco de la Comisión de Sanidad, Política Social y Consumo del Congreso de los Diputados, acordó en una reunión celebrada en la mañana de ayer ampliar hasta ocho meses el plazo para que las comunidades de vecinos puedan pagar las obras de accesibilidad de sus edificios.
El acuerdo ha sido alcanzado a través de una enmienda transaccional -enmienda que agrupa la intención manifestada en diversas enmiendas anteriores- adoptada por todos los grupos parlamentarios en un encuentro celebrado a puerta cerrada, según informa Europa Press, y del que surge una medida que supone la modificación de la actual Ley de Propiedad Horizontal.
La Ley de Propiedad Horizontal establece en su articulado actual que “la comunidad, a instancia de los propietarios en cuya vivienda vivan, trabajen o presten sus servicios altruistas o voluntarios personas con discapacidad, o mayores de setenta años, vendrá obligada a realizar las obras de accesibilidad que sean necesarias para un uso adecuado a su discapacidad de los elementos comunes, o para la instalación de dispositivos mecánicos y electrónicos que favorezcan su comunicación con el exterior, cuyo importe total no exceda de tres mensualidades ordinarias de gastos comunes”. Con la modificación aprobada por los grupos parlamentarios este texto debe redactarse de nuevo para indicar que el importe total no exceda de ocho mensualidades ordinarias de gastos comunes.
El acuerdo adoptado por los grupos parlamentarios en el Congreso responde al espíritu de concordia para la adaptación normativa a la Convención de la ONU a través de enmiendas en la tramitación, surgido el pasado mes de marzo tras la retirada de la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
Barreras de aislamiento
La ampliación del plazo para asumir las obras de accesibilidad en los edificios de viviendas es una medida largamente esperada por el movimiento asociativo de la discapacidad, puesto que en el 72,7% de los hogares en los que reside alguna persona con discapacidad (2,4 millones de hogares) existe alguna barrera de acceso a la vivienda, según datos recogidos por el Observatorio Estatal de la Discapacidad de la Encuesta sobre Discapacidades, Autonomía personal y Situaciones de Dependencia (EDAD) 2008 del Instituto Nacional de Estadística.
En los más de dos millones de hogares en los que reside una persona con discapacidad que encuentra barreras de acceso a la vivienda se da una situación de aislamiento, que el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha denunciado en numerosas ocasiones. Las barreras, según los datos de la EDAD 2008 se producen en un 39,7% en la puerta del edificio y en el 33,0% en el interior del edificio hasta la puerta de entrada de la vivienda de las personas con discapacidad.
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