Dependencia:una ayuda que llega a muy pocos y crea ansiedad a muchos

El Gobierno anuncia que aportará 1.558 millones de euros más para prestaciones. 566.000 personas tienen derecho a recibir las ayudas

Según un estudio de la Fundación Pfizer, el año que viene habrá 2.352.797 ancianos con problemas para manejarse de forma autónoma. Ante este panorama demográfico, bueno es saber si la tan cacareada Ley de Dependencia se está llevando a cabo o no, pues la mayoría de los beneficiarios de la misma son personas de edad avanzada. Por de pronto, este año se contará con 1.558 millones de euros más de modo excepcional; un 79 por ciento más de lo dedicado en 2008. Se calcula que 566.410 personas tienen derecho a beneficiarse estas prestaciones sociales, de las cuales 401.058 son grandes dependientes y el resto severos, según el Gobierno.

El Consejo de Ministros aprobó hace escasas fechas dos reales decretos con el fin de impulsar más la Ley, ya que las «circuntancias económicas» actuales, tal y como afirmó la vicepresidenta del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega, «hacen más necesario que nunca intensificar la ayuda a los ciudadanos más desprotegidos».

La promesa del primer Gobierno Zapatero de ayudar a los cuidadores de las personas que no pueden valerse por sí mismas no se termina de realizar porque hay que distinguir la petición de la ayuda, que se autorice y que, materialmente, se reciba. Cierto es que el plan es muy ambicioso y requiere un rodaje, pero también que, según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), el tiempo medio de espera entre la fecha de solicitud para la valoración y la cita de notificación de ésta es de ocho meses, y lo que es peor, los retrasos tanto en la aprobación como en la percepción de las subvenciones son evidentes.

«Las limitaciones en la implementación de la Ley, en muchos casos provoca situaciones paradógicas e incluso absurdas, miles de incorrecciones y discriminaciones». Así de rotunda se muestra Lidia Martín, terapeuta, enfermera y madre de Carles, de 19 años y discapacitado físico y psíquico.

Quizás no se ha explicado bien quiénes se pueden acoger a las ayudas estatales y cómo. Por eso, 20 abogados de Alicante forman voluntariamente un turno de oficio pionero en España para orientar y asistir gratis a las personas dependientes en el proceso de petición de las prestaciones y reconocimiento del grado de minusvalía. Posiblemente, muchos sigan el ejemplo. Hoy, 1.691.799 personas son mayores que no pueden valerse por sí mismos, de los que la mitad necesita ayuda semanal, medio millón una vez al día y 240.000 tres o más horas del mismo para mantener una mínima calidad de vida.

Los mecanismos fallan y son muchas las historias, los dramas de ciudadanos que llevan años esperando un apoyo que no llega. Pero no todos los dependientes son ancianos. La barcelonesa Isabel Quiñones, madre de un niño especial de cinco años, se frotaba las manos cuando se enteró de la iniciativa legislativa. El 21 de mayo de 2007 presentó los papeles para que le llegaran las ayudas y hasta el 31 de diciembre de 2008 no había percibido un solo céntimo. La burocracia hizo de las suyas y esta señora pasó las de Caín para que cumplieran lo prometido. Ahora, lanza un consejo:«El silencio administrativo, contrariamente a lo que pensaba, tiene un carácter negativo, por lo que hay que estar todo el rato pendiente». Además, recalca que el Defensor del Pueblo catalán y el comunitario se desentendieron ante su drama. Fue la asociación Papás de Álex la que acudió al rescate, con Antonio Moreno, su fundador, a la cabeza, que presume de ser persona non grata para el Gobierno del Tripartito, aunque también quiere recalcar que están muy solos en esta lucha. Las vacaciones para él son una quimera desde hace 19 años, los que tiene su hijo. «Nos lo pintaron muy fácil, que todo se solucionaría en tres meses... Es una ley hecha con prisas, sin planificación alguna, y por eso todo es tan caótico», sentencia. Lo que impresiona es que este cocinero haya sido capaz de unir a 400 padres con idéntico problema y, poco a poco, ir sacándose ellos solos las castañas del fuego. Tienen un buen abogado con ellos y, sobre todo, coraje, mucho coraje.

No le falta razón a Antonio. La avalancha de solicitudes es importante y aún no queda muy claro qué porcentaje de la prestación ponen las Comunidades Autónomas y cuál el Gobierno central. Las regiones presentaron hace poco 1.580 proyectos con cargo a los 400 millones de euros extraordinarios ofrecidos por el Ejecutivo dentro del Plan de Estímulo de la Economía y el Empleo (Plan E), mediante los cuales se prevé la creación o adaptación de más de 37.000 plazas para dependientes. El Ejecutivo cree que esto supondrá la puesta en marcha de 35.000 trabajos directos o indirectos.

Pero no todo es de color de rosa. El Foro de Vida Independiente denunció hace unos días, en el marco de la Comisión de Políticas de Discapacidad en el Congreso de los Diputados, que solo «un escaso» 10 por ciento de la Ley para la Autonomía Personal y Atención de las Personas en Situación de Dependencia articula medidas para el fomento de la autonomía personal del colectivo de las personas con discapacidad y que, además, es «incompatible» con la Convención de la ONU sobre los derechos de estos ciudadanos. Como se ve, queda mucho por hacer.