Un 82,4% de los ciudadanos considera que las familias con personas con discapacidad a su cargo reciben una protección deficiente por parte del Estado.
Así se desprende de la encuesta "Actitudes hacia el estado del bienestar", que hizo pública el CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas).
El 65,5% de los españoles opina que las familias con discapacitados a su cargo obtiene "poca" protección del Estado y el 16,9% califica esa atención de nula.
Porcentajes similares de valoración recibe la asistencia que suministra el Estado al colectivo de familias con personas mayores dependientes a su cargo y al de mayores que viven solos de forma independiente.
El 68,5% de los entrevistados afirma que garantizar a las personas con discapacidad o en situación de dependencia su capacidad para llevar una vida autónoma es "un derecho que el Estado debe hacer posible", mientras el 28,9% mantiene que es "una obligación familiar que el Estado debería ayudar a cumplir".
Respecto a cómo financiar los servicios que la Administración pueda ofrecer a los discapacitados o en situación de dependencia, el 50,7% manifiesta que lo más justo es "que todos contribuyamos a ellos financiándolos exclusivamente con nuestros impuestos". El 41,2% prefiere "que los afectados paguen una parte de los servicios en función de sus recursos económicos y el resto se financie con nuestros impuestos".
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