Los accesos a la vivienda, con rampas o ascensores adecuados que faciliten la movilidad de los discapacitados, siguen siendo una asignatura pendiente en España. En el 72,7% de los hogares donde residen personas con alguna discapacidad (alrededor de 2,4 millones de casas) existen barreras de acceso, en la puerta o en el interior del edificio, segun el Informe Olivenza 2010, elaborado por el Observatorio Estatal de la Discapacidad del Ministerio de Sanidad.
La radiografía de la población con discapacidad, cifrada en 4.056.993 personas (el 9% de la población), se completa en este apartado con otro dato no menos espectacular: el 52% de este colectivo, unas 1.982.700 personas, tienen dificultades para desenvolverse con normalidad en su vivienda o edificio.
La falta de accesibilidad es uno de los principales problemas «que dificultan el desarrollo de una vida en igualdad de condiciones para las personas con discapacidad», explican los autores de la investigación, tras apuntar otros como que solo el 28,3% tiene un empleo remunerado o que apenas el 50% cuenta con la ayuda de un cuidador, que es un familiar en el 92% de los casos. Más de la mitad también denuncia dificultades para utilizar el transporte público y para desplazarse por las calles de su ciudad o barrio.
REFORMAS ENTRE TODOS LOS VECINOS / La falta de accesibilidad es uno de los caballos de batalla del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), que viene reclamando que las modificaciones necesarias en las viviendas ante un caso de discapacidad sean obligatorias y corran por cuenta de todos los vecinos. Plantean que se reserve para estos casos un 50% del fondo obligatorio para imprevistos.
En la actualidad, si un discapacitado solicita instalar un ascensor necesita el acuerdo mayoritario de los vecinos y las obras solo son obligatorias si su coste no supera el importe de tres cuotas de comunidad por cada inquilino. Según la última encuesta del INE, más de 300.000 personas han cambiado de domicilio por estos problemas. El Cermi reclama desde hace años la reforma de la ley de propiedad horizontal para que las comunidades tengan que pagar las obras. Pero el Gobierno ha ido dando largas y ha incluido unas consideraciones que la plataforma considera «muy vagas» en la ley de economía sostenible, que actualmente se está tramitando en el Senado.
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL / Otra propuesta, previa a la del pago de las obras, es la que plantea Ecom, una federación que agrupa a 160 entidades de personas con discapacidad. «El diseño y la construcción de los edificios deberían ser de accesibilidad universal», explica María José Vázquez, presidenta de Ecom.
Los casos que atiende y apoya Ecom son vivencias como la de Joaquina Hidalgo y su marido, Francisco Rodríguez, quien desde el 2002 va en silla de ruedas debido a un derrame cerebral. Viven en un quinto piso en El Prat de Llobregat y su mujer tiene que hacer auténticos malabarismos para que él quepa en el ascensor: lo sienta en una silla estrecha y lo levanta a pulso. En el 2009 los vecinos decidieron reformar el ascensor pero no accedieron a la petición de Joaquina de hacer obras para instalar un aparato más ancho con el que su marido pudiera bajar y subir por sí mismo. «Dijeron que era mucho gasto y que no se podía hacer», recuerda Joaquina. «Ahora le ha tocado a él, pero otro día os tocará a vosotros», les contestó.
ANTONIO M. YAGÜE / MADRID
FIDEL MASREAL / BARCELONA
El Periódico 6-1-11
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